Mala fe, base de la competencia desleal en Colombia

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2 · 14 · 21

En nuestro país, desde el año 1996 mediante la ley 256 se reguló formalmente lo concerniente a la competencia desleal, haciendo un alcance a lo ya establecido en el Código de Comercio. Esta figura deja caer las prácticas carentes de buena fe entre los empresarios y/o comerciantes que, de manera fraudulenta, alteran la fluctuación, comportamiento y voluntad de los consumidores finales, con el propósito de mantener o conseguir participación en el mercado.

 

La competencia desleal no es meritoria únicamente a las personas que se conocen como comerciantes, sino a quienes participen en el mercado, por lo que se entiende que ni el sujeto pasivo ni el sujeto activo tienen una calificación especial.

 

Es importante indicar que, se debe enrolar la competencia desleal con dos fuentes esenciales: a) buenas costumbres mercantiles, las cuales se encausan en los principios morales y éticos que deben cumplir los comerciantes y demás participantes del mercado en la actividad competitiva, y b) libre competencia, siendo un derecho de carácter constitucional.

 

La competencia desleal, está regulada por actos, a saber:

DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA: Es aquel acto encaminado a disuadir los clientes de una actividad, establecimiento, empresa, etc., impidiendo que el cliente final elija su proveedor de manera libre.

La Superintendencia se ha pronunciado al respecto indicando que, es totalmente necesario acreditar el hecho de que el cliente final tuviese la intención de adquirir un producto o servicio, pero, «como consecuencia de la conducta del competidor, contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos, hayan modificado su decisión de compra, o que el acto tenga la potencialidad de viciar la decisión variando su preferencia mercantil».

ACTOS DE DESORGANIZACIÓN: Es aquella conducta que tiene como propósito alterar la estructura interna de una compañía o sus relaciones, contrariando el principio de la buena fe mercantil. Sin embargo, estas actuaciones deben ser evidentemente comprobables y que el daño efectuado a la empresa sea inminente.

ACTOS DE CONFUSIÓN: El propósito principal es generar confusión a través de actividades, prestaciones mercantiles o el establecimiento con los productos, bienes o servicios que se desprendan de la actividad desarrollada.

ACTOS DE ENGAÑO: Comportamiento que lleve a inducir al cliente final o interesado del bien o servicio en error, difundiendo información falsa o que, siendo veraz, induzca en error los destinatarios.

ACTOS DE DESCRÉDITO: Acto que se enmarca en la utilización o difusión de aseveraciones incorrectas, faltas a la verdad o su omisión que desacredite una actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero.

ACTOS DE COMPARACIÓN: Aquella conducta que se perfecciona cuando se realiza una comparación pública sobre las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, usando indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas.

ACTOS DE IMITACIÓN: Situación de imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero, con el propósito de desprestigiar o aprovecharse del nombre de éste.

EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA: Aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las atribuciones que ha ganado una empresa o comerciante.

VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES: Divulgación o explotación de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente o ilegítimamente.

INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL: Es aquella inducción de alguna persona relacionada con una empresa o comerciante a infringir sus deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

VIOLACIÓN DE NORMAS: Es la acción con la que se busca una ventaja en el mercado, pero con la omisión de un deber jurídico contenido en una ley, un decreto, una resolución o cualquier otro acto administrativo.

PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD: Aquel pacto contractual sobre exclusividad, que prive a la empresa o comerciante de competir en el mercando o monopolizar la producción y distribución de sus productos, bienes o servicios. Las autoridades nacionales con capacidades jurisdiccionales para conocer de estos asuntos, no sancionan el simple interés de participar en el mercado, lo que se sanciona es la utilización de medios indebidos para competir.

En conclusión, con lo anterior inferimos que, la actividad económica y la iniciativa privada son figuras que se pueden ejercer con total libertad, siempre y cuando se enmarque en una sana competencia económica, teniendo en cuenta que, ejercer una actividad mercantil conlleva una serie de responsabilidades, prohibiciones y obligaciones.

 

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